http://blogs.cooperativa.cl/opinion/salud/20141119075349/aborto-el-debate-legislativo-que-espera/
Por Camila Maturana Kesten*
El
país ha conocido a través de los medios de comunicación el sufrimiento
extremo de dos niñas de corta edad que fueron víctimas de violencia
sexual en sus familias (aparentemente el hermano en un caso y el padre
en el otro) y luego víctimas de la violencia estatal del embarazo
forzado.
Estas
niñas no tuvieron ninguna alternativa que llevar a término sus
embarazos, una para dar a luz a una criatura que murió a los pocos días,
tal como el diagnóstico médico indicaba, y la otra para ver nacer al
hijo de su propio padre.Cuesta imaginar un sufrimiento más
intenso y es difícil no pensar en un daño permanente para estas niñas, o
al menos de muy largo plazo. Pero lo que torna aun más grave este dolor
es que sea inflingido por el propio Estado. De ahí que Naciones Unidas
defina que la imposibilidad de interrumpir ciertos embarazos –como en
caso de inviabilidad fetal– constituye tortura o tratos crueles,
inhumanos o degradantes.
Asimismo,
a lo largo de este año se ha informado de numerosas mujeres que tras
sufrir complicaciones por abortos clandestinos, no solo no recibieron la
atención y apoyo compasivos que a los profesionales de la salud
corresponde brindar, sino que además fueron denunciadas a la policía por
los mismos profesionales a quienes confiaron su “secreto”,
trastocándose la relación médico-paciente desde el cuidado y
confidencialidad a la persecución y estigma.
Ciertamente
los invasivos procesos policiales que de ello surgieron inhiben
fuertemente a las mujeres que puedan padecer complicaciones derivadas de
aborto de acudir a centros médicos, incrementando los riesgos para su
vida y salud.
El
conocimiento público generado por la prensa evidentemente es solo una
parte de la realidad que enfrentan miles de mujeres y niñas en el país,
pero enrostra dolorosamente que el retraso que las autoridades mantienen
para enfrentar este problema, pese a los compromisos contenidos en el
Programa de Gobierno y reforzados por la Presidenta Bachelet en su
primera Cuenta Pública, tiene impactos directos en la vida de quienes
siguen padeciendo las consecuencias de la criminalización total del
aborto.
A
contravía de los avances internacionales en torno a la progresiva
legalización y acceso a aborto seguro para proteger la vida y salud de
las mujeres, además de fortalecer la educación sexual y las medidas
preventivas para evitar los embarazos no deseados, Chile mantiene sin
cambios la legislación punitiva heredada de la dictadura.
Ello
le ha valido al Estado recibir periódicos y sistemáticos reproches de
los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas por la falta de
garantías a los derechos de las mujeres y las niñas y la necesidad de
reformar las normas que imponen la penalización; recomendándose permitir
el aborto, al menos en ciertos casos (Consejo de Derechos Humanos,
2014; Comité de Derechos Humanos, en 1999, 2007 y 2014; Comité para la
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en 1999, 2006 y 2012;
Comité de Derechos del Niño, en 2007 y el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, en 2004).
Pero
también la autoridades se desentienden de las crecientes demandas
ciudadanas por reformas legales que permitan proteger los derechos de
las mujeres y las niñas, profundizando la brecha entre la ciudadanía y
sus representantes.
Entre otros estudios de opinión, la Novena Encuesta Nacional Percepciones de las Mujeres sobre su situación y condiciones de vida en Chile 2013 de
Corporación Humanas, da cuenta del 84% de respaldo a legalizar el
aborto terapéutico y de un 80% de apoyo a legalizarlo en caso de
violación así como frente a malformaciones incompatibles con la vida.
Además, el 29% de las encuestadas expresa su acuerdo con la legalización
por cualquier razón que la mujer decida, el 24% por motivos económicos y
el 28%, en cambio, en ningún caso.
De
ahí que el impulso al debate legislativo que congresistas comprometidos
con los derechos de las mujeres –que han presentado diversas mociones
tanto en la Cámara de Diputados como en Senado– represente una gran
oportunidad de cambio.
Proyectos
de ley para despenalizar el aborto en tres causales, riesgo de vida o
salud de la mujer, violación e inviabilidad, e incluso a decisión de la
mujer dentro de las primeras 12 semanas de embarazo, serán prontamente
debatidos en el Parlamento.
Recientemente
la Comisión de Salud de la Cámara Baja recibió a la ministra del
Servicio Nacional de la Mujer para conocer la agenda gubernamental en la
materia, mientras en el Senado, la Comisión de Salud ha definido dar
inicio a la discusión de algunas de las mociones.
Chile
requiere contar prontamente con una legislación que permita la
interrupción segura del embarazo en caso de riesgo para la mujer,
violencia sexual e inviabilidad, así como debatir para garantizar el
derecho de las mujeres y las niñas a decidir respecto de la maternidad y
sobre su propio plan de vida, libremente, sin coerción ni bajo amenaza
penal.
*Abogada Corporación Humanas.
