jueves, 28 de marzo de 2013

Sobre la Otra Marcha Lésbica



la otra marcha
30 de marzo nuevas organizaciones disidentes convocan a “La Otra Marcha”. La denuncia que proponen es necesaria. No obstante, y sin afán de propiedad, ponemos en juego nuestra memoria  para apoyar, entre otros: mejores análisis de la realidad y la valoración de la lucha lesbofeminista nacional, pues que quede claro La Otra Marcha es historia iniciada por lesbianas feministas de la década del 2000.

sábado, 23 de marzo de 2013

Algunas tareas del estado chileno respecto de las recomendaciones de la CEDAW, a propósito del 8 de marzo, día internacional de la mujer.


Soledad Acevedo Arenas[1]
Feminista y activista por los DDHH de las mujeres.


El año 2012 se trabajo en la observancia y construcción de informes para presentar al Comité contra todas las formas de discriminación hacia la mujer. Los días 1 y 2 de octubre recién pasado, a Chile le correspondió dar examen respecto de la situación de las mujeres en el país. El Estado entregó su informe que dio cuenta de los avances o no en estas materias; así también el trabajo de la sociedad civil representada por las organizaciones de mujeres y feministas a través de sus informes sombras o alternativos y la defensa frente al Comité; para esta reunión viajaron representantes  de 3 organizaciones: OTD - organización de transexuales por la dignidad de la diversidad, Corporación Humanas y la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir -AFLD.

  
Constatar que el trabajo que realizamos las organizaciones de la sociedad civil que asistimos a la 53° reunión de la CEDAW está plasmado en las observaciones finales nos alienta a seguir trabajando por los derechos humanos de las mujeres y niñas. Las sugerencias que realizamos, fueron escuchadas con mucho interés y logramos que nuestros puntos focales: la libertad de decidir de las mujeres sobre sus propios cuerpos –aborto libre, seguro y gratuito, acceso de las/os jóvenes a anticonceptivos e información sobre derechos sexuales y derechos reproductivos-, ampliar el concepto sobre la violencia hacia las mujeres para erradicar todas las formas de violencia y discriminaciones que afectan a todas las mujeres, alertar sobre las múltiples formas de violencia y discriminación que viven los grupos más desfavorecidos: indígenas, lesbianas, niñas, migrantes, trans, entre otras; estuvieran presentes en las recomendaciones al Estado chileno. Hablamos de recomendaciones porque Chile aún no ha firmado el Protocolo Facultativo Opcional mecanismo que da carácter de obligatorio a las observaciones realizadas a los países que han firmado y ratificado dicha Convención.

El Comité hace explícita la responsabilidad que le compete al Estado de Chile en la aplicación sistemática y continua de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación hacia la Mujer, y la atención prioritaria frente a las recomendaciones y preocupaciones que emanaron por parte del Comité. Así como, recordar el carácter de vinculante entre todos los poderes públicos, y compromete al gobierno a difundir dichas conclusiones, realizar trabajo en coordinación con el Congreso Nacional y la sociedad civil para dar cumplimiento a las recomendaciones.

El Comité pide al estado chileno informar por escrito en un plazo de dos años, sobre las medidas adoptadas para lograr las recomendaciones sobre dos ámbitos, que tienen que ver con hacer modificaciones a la ley 20.066 de violencia intrafamiliar y otras legislaciones relacionadas y, sobre la participación de las mujeres en la vida pública y social.
A continuación menciono 3 ámbitos de la Convención, junto a las observaciones finales y recomendaciones que realizó el Comité respecto de las mismas.

Organismo nacional para el avance de las mujeres

El Comité mostró preocupación por la falta de coordinación del Servicio Nacional de la Mujer -SERNAM con el Parlamento y la sociedad civil, y que las mujeres pertenecientes a grupos desaventajados no están suficientemente incluidas en los programas, planes de acción y políticas del SERNAM.  El Comité recomienda que el Estado Parte intensifique la coordinación con el Congreso Nacional y con la sociedad civil.

Estereotipos[2]

El Comité sigue preocupado por la persistencia de los estereotipos tradicionales sobre los roles y responsabilidades de mujeres y hombres en la familia y la sociedad, los cuales enfatizan los roles tradicionales de las mujeres como madres y esposas y siguen afectando sus opciones educativas y profesionales. Además, preocupación porque ciertos grupos de mujeres se enfrentan a múltiples formas de discriminación y violencia por motivos de orientación sexual, identidad de género, origen indígena, o ser VIH positivas.

El Comité insta a que se modifique la legislación sobre la violencia doméstica (Ley N º 20.066) para incluir una definición específica de la violencia doméstica como un delito penal, que abarca la violencia física y psicológica, y eliminar el requisito de "maltrato habitual" con el fin de permitir la investigación penal de todos los actos de violencia en el hogar y el enjuiciamiento de los autores.
Y promulgar legislación para sancionar el acoso sexual como un delito penal.

Salud

El Comité lamenta profundamente que todas las iniciativas parlamentarias recientes encaminadas a la despenalización del aborto han fracasado en el país, incluidos aquellos en los que la salud o la vida de la madre está en riesgo, en casos de malformación fetal grave o violación. El Comité reitera la preocupación expresada en sus anteriores observaciones finales, se sigue criminalizando a las mujeres que abortan bajo cualquier circunstancia.

Grupos desaventajados de mujeres

El Comité está preocupado por la exclusión social y la vulnerabilidad de las mujeres migrantes, así como los obstáculos que les impiden disfrutar de los derechos básicos, como el acceso a las prestaciones sociales y los servicios de salud, en particular para las mujeres embarazadas.

El Comité lamenta la falta de información detallada en relación con grupos desfavorecidos de mujeres, como las mujeres migrantes, las mujeres rurales, las mujeres indígenas y otras mujeres que sufren múltiples formas de discriminación.

El Estado Parte está invitado a proporcionar información y datos estadísticos,  en su próximo informe periódico, sobre la situación de los grupos desfavorecidos de mujeres, en particular las mujeres migrantes, las mujeres rurales e indígenas.

Corresponde ahora, hacer el seguimiento para que el Estado a través del gobierno realice acciones para cumplir las recomendaciones y observaciones realizadas por el Comité. Hago hincapié en la difusión de las recomendaciones y hacemos un llamado a la sociedad toda a abordar y ser responsables para trabajar en su implementación. Hemos presenciado los últimos meses anuncios del gobierno especialmente en cuestiones relacionadas con la vida de las mujeres, en voz de la ministra del Sernam: presentación –postergada en tres fechas- sobre las recomendaciones de la CEDAW, proyecto de ley de protección a las víctimas de violencia intrafamiliar- vif, la firma del proyecto para incentivar la participación política de las mujeres o la firma del proyecto de ley que sanciona la violencia en el pololeo y que incorpora la violencia sexual y económica en la ley vif. El gobierno no hace más que seguir los mandatos emanados por el Comité, que dicho sea de paso, deben pasar de proyecto a realidad para que sean avances reales en la vida de las mujeres.



[1] Participante activa de la Articulación feminista Por la Libertad de Decidir  e integrante de la Coordinación nacional de la Red Chilena contra la violencia hacia las Mujeres. Parte de la representación de la AFLD en la 53º reunión de la CEDAW en Ginebra, octubre 2012.
[2] Estereotipos y Grupos desaventajados son los dos ámbitos en los que el Estado chileno está llamado a informar sobre los avances en un plazo de 2 años.