DECLARACIÓN
NO ACEPTAMOS LA
DICTADURA MORAL DE LAS JERARQUIAS ECLESIASTICAS
LA DEMOCRACIA ES
LAICA O NO ES DEMOCRACIA
En abierta interferencia con el
Estado Laico, la Conferencia Episcopal de Chile, presidida por el Arzobispo
Ezzati, ha solicitado públicamente al Presidente de la República no ratificar la Convención
Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia[1]
la que busca fomentar y estimular el respeto y la observancia de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los individuos y
grupos[2]
discriminados. Se arroga así la
autoridad moral de ‘aconsejar’, desde su particular óptica valórica, sobre lo
que sería bueno o malo para la sociedad chilena diversa, y señala a las
autoridades públicas las “innumerables
dificultades” que podría acarrear su suscripción.
Menciona cuatro observaciones: la
citada Convención sería innecesaria, excedería al derecho chileno vigente, importaría
un riesgo directo a la libertad de religión y otras libertades y ampliaría la
competencia de la Corte Interamericana
(CIDH) de forma “peligrosa”.
Los
acuerdos de los organismos internacionales se adoptan por los Estados allí
representados, el Vaticano tiene presencia en ellos, por tanto todos los
Estados tuvieron oportunidad de conocer los argumentos de la Iglesia Católica.
Ninguna institución nacional tiene derecho a interferir en la
implementación de acuerdos internacionales a través de gestiones nacionales.
No podemos más que denunciar,
rechazar y repudiar este acto de intromisión violento y autoritario.
La tradicional y arcaica oposición
de la jerarquía eclesiástica católica respecto de instrumentos internacionales
que resguardan los derechos humanos y promueven la igualdad para todas y todos,
nos retrotrae a hechos recientes tales como el encubrimiento de esta jerarquía respecto
de abusos cometidos por varios sacerdotes a lo largo del país, así como también
el silencio y la negligencia del actual arzobispo y del Cardenal Errázuriz
respecto de las denuncias de los jóvenes abusados por el cura Karadima.
El Estado de Chile
no puede ni debe aceptar las presiones de las Iglesias. Como
Estado laico, le corresponde asumir sus responsabilidades por el bienestar de
su población con absoluto respeto a las libertades y autonomías de cada cual.
No aceptamos esta intromisión, ni
olvidamos el hecho que desde 1925 se consagró en Chile la separación iglesia y
Estado, y se estableció la no intromisión de la iglesia en asuntos públicos,
además de garantizar la libertad de culto.
No aceptamos que se pase por
encima del trabajo que las
organizaciones feministas realizamos en
la defensoría de los derechos humanos de las mujeres, haciendo aportes,
vigilancia y seguimiento en estas materias. Las Convenciones son instrumentos
internacionales de protección y garantías que requieren tanto o mayor respeto
que las legislaciones nacionales, ya que han emanado de compromisos de la
comunidad global. Los países firmantes acuerdan dar cumplimiento a las mismas,
comprometiéndose a dar coherencias al ordenamiento legal y
dichas convenciones. ¿Eso es lo que teme, precisamente, esta jerarquía?
También por su
directa presión el Estado chileno se ha negado a ratificar el Protocolo
Facultativo de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
CEDAW, que permitiría una mayor diligencia en las denuncias de quienes se
sienten afectadas en sus derechos. En su último exámen[3]
el Comité de la CEDAW instó al Estado Chileno a avanzar en su ratificación y
responder así a las demandas de la sociedad civil organizada y de las
organizaciones de mujeres en particular.
Esto no ha ocurrido, y Chile continúa en un vergonzoso rezago frente a
la comunidad internacional.
Una vez más la jerarquía
eclesiástica chilena pretende decidir por el País, ejercer el tutelaje e
imponer sus mandatos.
Por todo ello, llamamos a denunciar
a los grupos fácticos de poder que se atribuyen el derecho de influir
sobre la política pública y sobre la moral social desde un enfoque dogmático e
inquisitorial. Exigimos al gobierno informar sobre los órganos internacionales
de tratados y dar cumplimiento a los compromisos internacionales contraídos.
Instamos a respetar la libertad
de decidir de todas las personas, independiente al sexo, orientación sexual,
identidad de género, raza/etnia, religión, lugar de origen, edad, situación
socioeconómica, o cualquier otra condición.
ARTICULACIÓN FEMINISTA POR LA LIBERTAD DE DECIDIR - AFLD
¡BASTA DE INTOLERANCIA, BASTA DE IMPUNIDAD!
¡ESTADOS LAICOS, PERSONAS LIBRES!